Decisión gubernamental y plazos definidos

El Ejecutivo estadounidense ha tomado la determinación de suprimir el Estatus de Protección Temporal (TPS) destinado a migrantes provenientes de Haití, afectando a un contingente estimado de 500 mil individuos que deberán abandonar el territorio o enfrentarán procedimientos de expulsión.

La titular de Seguridad Interior, Kristi Noem, detalló que el programa migratorio terminará oficialmente el 2 de septiembre, con un plazo máximo de permanencia hasta el 3 de agosto. Esta medida se enmarca en un proceso previamente anunciado por la funcionaria, quien ha insistido en la necesidad de ajustar el régimen migratorio a sus principios originales de temporalidad.

Razones oficiales y críticas externas

Según declaraciones oficiales, la cancelación responde a consultas interinstitucionales que concluyeron que las circunstancias en Haití ya no justifican la protección especial. “Restaurar la integridad del sistema migratorio” fue el argumento central esgrimido por Noem, quien destacó que el TPS debe mantener su naturaleza transitoria.

La secretaria afirmó que “la situación medioambiental en Haití ha mejorado lo suficiente para que sea seguro para los ciudadanos haitianos volver a casa”, aunque omitió mencionar otros factores críticos como la escalada de violencia generada por grupos armados.

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Realidad humanitaria en Haití

Diversas organizaciones internacionales han documentado una situación compleja en la nación caribeña. La Organización Internacional para las Migraciones reportó recientemente 1.3 millones de personas desplazadas internamente, mientras que el Programa Mundial de Alimentos ha cuantificado en 5.7 millones los habitantes que enfrentan carencias alimentarias severas.

En Phoenix, Arizona, se llevó a cabo la inauguración de la Comisión Sonora-Estados Unidos, Arizona-México, en su 66 aniversario. El gobernador Alfonso Durazo Montaño y la gobernadora Katie Hobbs encabezaron este evento que reafirma la colaboración entre ambas entidades fronterizas.

Reunión estratégica para desarrollo compartido

El mandatario sonorense señaló que la relación entre ambas regiones “es más fuerte que nunca” durante la ceremonia realizada el 27 de junio de 2025. En sus redes sociales, Durazo destacó que “junto a mi estimadísima gobernadora Katie Hobbs, dimos la bienvenida a la Cumbre de la Comisión Sonora-Estados Unidos Arizona-México, reafirmando los lazos de respeto, desarrollo y prosperidad que unen a nuestros pueblos”.

Mesas de trabajo por el futuro conjunto

El encuentro incluyó mesas de trabajo bajo el lema “Celebrando nuestro legado. Definiendo nuestro Futuro” con temas centrales como economía, educación, salud, migración, medio ambiente, recursos naturales y sostenibilidad. Esta iniciativa busca construir una agenda común que impulse el desarrollo económico y social en las regiones fronterizas.

Construcción de una megarregión colaborativa

El gobernador de Sonora enfatizó que este espacio de análisis y reflexión tiene como objetivo fundamental “reforzar la alianza comercial y estratégica para consolidar una megarregión fuerte y orientada hacia el futuro”. Durazo destacó que “esta noche brindemos por lo logrado, pero sobre todo por lo que juntos aún podemos construir para que esta comisión continúe siendo un referente de hermandad que inspire a otras regiones”.

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“Junto a mi estimadísima gobernadora Katie Hobbs, dimos la bienvenida a la Cumbre de la Comisión Sonora-Estados Unidos Arizona-México, reafirmando los lazos de respeto, desarrollo y prosperidad que unen a nuestros pueblos”

El evento congregó a líderes gubernamentales, empresariales y comunitarios de ambos países con el propósito de afianzar la cooperación internacional y establecer bases para un futuro de prosperidad compartida entre Sonora y Arizona.

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, enfrenta una serie de procedimientos judiciales que amenazan su permanencia en el cargo, en medio de una polarización social caracterizada por protestas a favor y en contra de su liderazgo. El Tribunal Constitucional está programado para revisar una denuncia presentada por más de treinta senadores, que acusan a la mandataria de violar el artículo 160 de la Constitución al emitir una opinión crítica sobre un alto mando militar en una conversación telefónica con el expresidente camboyano Hun Sen.

Reacciones divididas en las calles

La filtración de una grabación en la que Paetongtarn se refiere a un oficial del Ejército como ‘oponente’ ha generado una respuesta inmediata. Mientras los llamados ‘camisas rojas’, grupo que apoya al clan Shinawatra, tomaron las calles de Bangkok para respaldarla, grupos conservadores aliados a las fuerzas armadas anunciaron una contramanifestación para el día siguiente en el centro histórico de la ciudad. Entre los organizadores destacan los ‘camisas amarillas’, movimiento que ya había protagonizado acciones similares en el pasado que terminaron con gobiernos vinculados a esta familia política.

Presión judicial y familiar

Además de los desafíos públicos, la situación legal afecta también a su padre, Thaksin Shinawatra, exjefe de Gobierno y figura clave en la política tailandesa. El exmandatario debe presentarse ante un tribunal acusado de violar la ley de lesa majestad por declaraciones realizadas en 2015 en una entrevista con un medio de Corea del Sur, en la que responsabilizaba al Consejo Privado de la Casa Real del golpe de Estado de 2014 que lo derrocó. Aunque el artículo 112 del Código Penal no menciona explícitamente a ese órgano, los tribunales locales han aplicado una interpretación extensiva de la norma.

Contexto político frágil

El partido Phue Thai, liderado por Paetongtarn, mantiene la mayoría parlamentaria pese a la reciente salida del partido conservador Bhumjaithai del gobierno de coalición. Dicha deserción podría tener consecuencias, ya que el portavoz de Bhumjaithai, Boonthida Somchai, anunció la intención de presentar una moción de censura la próxima semana, aunque por ahora no cuenta con apoyo de otros sectores de la oposición.

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Regreso y prisión condicional de Thaksin

Thaksin, quien fue destituido en 2006 mediante un levantamiento militar, regresó al país en agosto de 2023 después de más de quince años en el extranjero. Fue detenido ese mismo día, pero permaneció en un hospital durante seis meses antes de obtener la libertad condicional en febrero de 2024, una resolución que actualmente está bajo revisión judicial.

“El artículo 112 del Código Penal, también conocido como la ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien ‘difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente’”