Legislador panista denuncia intento de represalia contra periodistas
El vicecoordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Federico Döring, manifestó su rechazo ante el presunto intento de censurar a EL UNIVERSAL por revelar conexiones entre funcionarios actuales y redes dedicadas al robo de combustible.
Según información publicada en la columna Bajo Reserva, un representante del órgano electoral local visitó las instalaciones de un reconocido colaborador del medio para informar sobre una denuncia presentada por un sujeto no identificado, relacionada con artículos que vinculaban a integrantes del partido en el gobierno con actividades de contrabando de hidrocarburos utilizados para financiamiento político.
Funcionarios acusados de proteger redes de contrabando
El legislador expresó en un comunicado: “Expresamos nuestro total respaldo a los medios de comunicación, columnistas, reporteros y conductores que hoy enfrentan intentos de censura por parte del poder. Respaldamos de manera firme a EL UNIVERSAL, así como a todos aquellos que ejercen su labor informativa con responsabilidad y valentía. Rechazamos cualquier forma de intimidación o represalia. No están solos: su voz es fundamental para la democracia y la vamos a defender”.
El diputado también señaló que el esquema de contrabando fiscal de combustible, creado presuntamente por el partido gobernante, ha provocado pérdidas por más de 554 mil millones de pesos en el periodo anterior. Destacó que altos cargos aduaneros en Tamaulipas están involucrados en estas actividades ilegales, pero no han enfrentado consecuencias legales.
Acusaciones de protección a responsables de contrabando
“Hay funcionarios ligados al contrabando que incluso tienen aspiraciones en el Poder Judicial local. La red de complicidades es clara, y el silencio del gobierno es cómplice”, enfatizó.
Döring detalló que existen conexiones entre miembros del partido en el poder y redes de contrabando, mencionando específicamente al familiar de una gobernadora involucrado con un agente aduanal investigado desde 2014. También denunció que un terreno en Ensenada, usado para almacenar hidrocarburos ilegales, pertenece a un exlegislador del partido gobernante, sin que se haya iniciado el proceso de confiscación.
“Mientras a los textileros los persiguen, a los huachicoleros de Morena los protegen. El gobierno calla, no detiene a nadie y encubre a sus cómplices”, concluyó el legislador.
