El máximo tribunal estadounidense abrió la puerta para que el gobierno de Donald Trump pueda revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) destinado a alrededor de 350,000 venezolanos, dejando su situación en el país en un limbo legal mientras se resuelve el caso en instancias inferiores. La decisión del Supremo permite continuar con el proceso judicial sin frenar la determinación ejecutiva.
Controversia en los tribunales
El litigio comenzó cuando el juez Edward Chen, de California, detuvo provisionalmente la medida gubernamental en marzo, señalando que “huele a racismo” y advertiría un “daño irreparable” para los migrantes. Sin embargo, la administración Trump presentó una apelación urgente ante la Corte Suprema, liderada por magistrados conservadores, solicitando la suspensión de la orden judicial.
Razones del gobierno
La Casa Blanca sostiene que la protección temporal para venezolanos no corresponde a la Justicia decidir sobre políticas migratorias urgentes, argumentando que dicha medida atenta contra el “interés nacional”. El presidente Trump expresó que se le impedía actuar según su mandato electoral.
Programa en el ojo del huracán
El TPS, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ofrece permisos laborales y evita la deportación de migrantes provenientes de naciones afectadas por crisis humanitarias o desastres naturales. Pese a esto, el nuevo gobierno estadounidense decidió eliminarlo para venezolanos poco después de asumir el cargo el 20 de enero pasado.
Polémicas declaraciones
La titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem, utilizó términos contundentes contra los beneficiarios del programa, calificándolos como “desgraciados” y criminales. Esta postura refleja el enfoque migratorio del actual mandatario, quien durante su campaña prometió expulsar a millones de extranjeros en situación irregular, implementando políticas alineadas con ese objetivo.
Incógnita sobre el futuro
La decisión del tribunal supremo no elimina directamente el programa, pero autoriza que el debate legal continúe en cortes inferiores. Esta situación deja en suspenso a los 350,000 venezolanos beneficiados, sin certeza sobre su permanencia en el país mientras se desarrollan nuevas audiencias judiciales.
