La Fiscalía Anticorrupción de España ha presentado un informe ante la Audiencia Nacional donde manifiesta su conformidad con que el juez Ismael Moreno lleve a cabo una investigación contra Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif, en relación con el caso Koldo. Este asunto está vinculado a la contratación de Jéssica Rodríguez en dos empresas públicas, quien fuera pareja del exministro José Luis Ábalos.
Evidencias y responsabilidades señaladas
El magistrado encargado del caso en el Tribunal Supremo ha señalado la existencia de “indicios bastantes” de actividades delictivas por parte de Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes. Por este motivo, remitió la documentación al órgano judicial competente para continuar con la indagación.
Antes de tomar una decisión definitiva, el juez Ismael Moreno solicitó la opinión de la Fiscalía, quien respondió con un informe favorable a la apertura de investigación. Esta información fue inicialmente revelada por El Mundo y posteriormente verificada por fuentes judiciales ante EFE.
Presuntos delitos y contexto de contratación
De acuerdo con lo indicado por las fuentes, el fiscal identifica posibles responsabilidades en actos vinculados a malversación o tráfico de influencias por parte de la exdirectiva. El juez Moreno, quien inició la investigación del caso Koldo relacionado con comisiones ilícitas en contratos de mascarillas, debe ahora determinar si la convoca como investigada.
El magistrado, que también indaga las acciones de José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, envió a la Audiencia Nacional documentos de Ineco y Tragsatec sobre dos contratos, junto con parte del informe de la Guardia Civil y la declaración testimonial de Rodríguez.
Elementos clave del caso
Según el juez, existen “indicios bastantes” que sugieren la participación relevante de Pardo de Vera en una contratación “posiblemente irregular y caprichosa” de una persona seleccionada “libérrimamente por Ábalos“, contando con la colaboración del exasesor Koldo García.
Señala además que “durante el período en el que estuvo contratada, no desplegó actividad laboral alguna“, a pesar de que las empresas proporcionaron informes afirmando lo contrario. Para el magistrado, las comunicaciones obtenidas por la UCO entre Pardo de Vera y Koldo García resultan “particularmente reveladoras”.
