Legislación con amplia mayoría
El parlamento salvadoreño, controlado por la bancada de Nuevas Ideas, ratificó una normativa impositiva sobre donativos de organizaciones no gubernamentales. La medida, que establece un recargo del 30%, obtuvo el respaldo de 57 de los 60 diputados en funciones, sin contar con el apoyo de los grupos opositores.
Objetivos y controversias
El texto normativo define su propósito como la regulación de individuos o entidades, nacionales o extranjeras, cuyas acciones en el país obedezcan a intereses externos. Entre las disposiciones más polémicas se encuentran las restricciones para recibir o emplear recursos en actividades no previamente declaradas, modificar el destino del financiamiento sin notificación previa, o aceptar donaciones anónimas.
La ley contempla sanciones económicas que van desde las 10,000 hasta las 200,000 dólares por incumplimientos, además del mencionado gravamen del 30% sobre operaciones financieras provenientes del extranjero. El artículo 20 otorga al jefe de Estado atribuciones amplias para emitir reglamentos complementarios, sin haberse realizado estudio previo alguno.
Rechazo de sectores civiles
Organismos locales e internacionales han expresado su desacuerdo con la iniciativa, señalándola como un instrumento para limitar la autonomía de la sociedad civil. La representante de oposición Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó que “es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico”, agregando que “quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no”.
“Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”
Precedentes internacionales
El texto legislativo salvadoreño recuerda normativas similares implementadas en otras naciones. Human Rights Watch ha registrado casos en Rusia y Nicaragua donde leyes de ‘agentes extranjeros’ han sido utilizadas para restringir la operación de organizaciones independientes. La entidad advierte que estos marcos legales “etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”.
La iniciativa fue presentada por el presidente Nayib Bukele, quien ya había propuesto una medida similar en 2021 con un gravamen del 40%, posteriormente retirada. La actual versión fue aprobada durante una sesión plenaria realizada en Antiguo Cuscatlán, sin modificaciones sustanciales respecto a su versión original.
