Política

Auditoría Estatal impone sanciones a exdirectivos de UACH por incumplimiento en pagos a Pensiones Civiles

Resoluciones disciplinarias por omisiones financieras

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó sobre dos sanciones impuestas a exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Ambos fueron inhabilitados tras comprobarse su responsabilidad en la falta de aportaciones a Pensiones Civiles del Estado (PCE).

Las medidas disciplinarias afectan al exdirector administrativo y a la exjefa del Departamento de Tesorería de la institución educativa. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó la suspensión por seis meses al considerar que incurrieron en abuso de funciones al no realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social.

Revisión de adeudos institucionales

El análisis realizado por la Auditoría Superior reveló un saldo pendiente de 209,802,826 pesos de la UACH con el organismo de pensiones, lo que constituye una violación grave a las obligaciones de cumplimiento en materia de seguridad social.

Según detalló la dependencia fiscalizadora, el exdirector F.M.S. tenía la responsabilidad de garantizar el manejo adecuado de los fondos, mientras que la exfuncionaria A.L.R.F. debía programar y ejecutar los pagos correspondientes. Ambos fallaron en sus responsabilidades.

Contexto de crisis en Pensiones Civiles

La resolución del TEJA se da en un escenario de crisis financiera en PCE, con múltiples quejas de afiliados por la calidad de los servicios médicos. El órgano disciplinario destacó que la omisión en los pagos fue arbitraria, considerando que los sancionados eran conscientes de la importancia de cumplir con estas obligaciones.

“Esta acción punitiva se presenta dentro de un contexto de preocupación generalizada por la falta de recursos que dificulta a PCE brindar un mejor servicio médico y eficiente”, señaló el Auditor Superior.

Acosta Félix indicó que estas son las primeras sanciones derivadas de una revisión profunda que permitió identificar la situación financiera crítica tanto de Pensiones Civiles como de las instituciones afiliadas que mantenían adeudos pendientes.

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