Proceso de portabilidad bajo lupa regulatoria
La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) activó una investigación contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, operando bajo la marca Movistar, tras documentar múltiples señalamientos sobre posibles violaciones a normativas de portabilidad numérica.
Este mecanismo permite a los clientes de telefonía móvil cambiar de proveedor manteniendo su número telefónico, mecanismo respaldado por la normativa colombiana orientado a fortalecer la competencia y salvaguardar los intereses de los usuarios.
Irregularidades en entrega de NIP y estrategias de retención
La investigación identifica dos posibles incumplimientos atribuidos a la empresa de telecomunicaciones. La primera situación implica retrasos en la generación del Número de Identificación Personal (NIP), e incluso casos de no entrega del código, a pesar de haber recibido oportunamente las solicitudes correspondientes.
Estos retrasos impactan negativamente en la posibilidad de los usuarios de concluir exitosamente el proceso de portabilidad dentro del periodo establecido, lo cual podría desalentar el cambio de operador.
La segunda denuncia apunta a prácticas comerciales consideradas desleales: supuestas ofertas de beneficios a usuarios que ya habían iniciado el proceso de cambio hacia otro operador, situación prohibida por la normativa vigente que prohíbe interferir en la decisión del consumidor mediante ventajas que distorsionen la competencia.
Medidas preventivas y posibles sanciones
Como parte de las acciones cautelares, la SIC impuso obligaciones específicas a la empresa para garantizar los derechos de los usuarios durante el desarrollo del proceso investigativo. “Movistar deberá cumplir estrictamente con los tiempos establecidos para el envío del NIP, que según la normativa vigente deben ser, en un 95% de los casos, no mayores a cinco minutos y, en ningún caso, superar los diez minutos desde la recepción de la solicitud, incluso si el servicio del usuario está suspendido”, detalló el comunicado oficial.
Además, se prohíbe a la empresa enviar cualquier comunicación promocional a usuarios que ya hayan iniciado el proceso de portabilidad.
En caso de confirmarse las irregularidades, la compañía podría enfrentar multas equivalentes a hasta quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La empresa dispone de un plazo de quince días hábiles para presentar su descargo y documentar su posición ante las autoridades.
