Resolución judicial en Miami
Una corte de Florida impuso una multa de 2 mil 488 millones de dólares al exdirector de Seguridad Pública mexicano y su cónyuge por irregularidades contractuales durante su gestión. La sentencia permite al gobierno federal iniciar procedimientos de recuperación de bienes en territorio estadounidense.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó que “Si mañana encontramos tres pesos de García Luna o cinco pesos de Pereira podemos demandar que inmediatamente sea incautado y entregado al Gobierno de México, todo lo que tenga. ¿Cuánto tienen que no hemos podido localizar en Estados Unidos? No lo sabemos”, revelando la incertidumbre sobre los activos disponibles.
Detalles financieros del caso
Según la resolución judicial, las sanciones individuales ascienden a 748 millones 829 mil 676 dólares para el exfuncionario y 1,740 millones 25 mil 540 dólares para su esposa. La UIF destacó que “625 millones de pesos pagó el Gobierno de México en la trama corrupta de García Luna”, especificando que ambos responsables compartieron los mismos contratos fraudulentos.
El sistema de contrataciones ilícitas operó durante más de una década, abarcando 30 contratos entre 2009 y 2018 provenientes de instituciones como la Policía Federal, el CISEN y el OADPRS. Una empresa del entorno familiar, Delta Integrator LLC, ya ha generado recuperaciones por 1,970 millones 872 dólares.
Contexto histórico y político
El funcionario federal apuntó que “El PAN tiene un fracaso histórico porque siempre planteó romper con el régimen priista y cuando llegó lo reprodujo”, criticando la continuidad de prácticas corruptas entre administraciones. Señaló que el crecimiento del patrimonio del exdirector de seguridad se consolidó durante el periodo de Enrique Peña Nieto, con contratos millonarios en el sector penitenciario.
Entre las empresas beneficiadas figuran GLAC Security Consulting, Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, vinculadas a García Luna y una red de testaferros. La UIF reveló que solo por operaciones del CISEN se desviaron casi 5 mil millones de pesos, incluyendo un contrato de 3 mil 400 millones de pesos para sistemas de comunicación.
