Funcionaria española cuestiona motivaciones del caso judicial
La titular de Vivienda e Integración Urbana, Isabel Rodríguez, expresó sus dudas sobre la viabilidad del proceso legal contra David Sánchez, hermano del mandatario nacional Pedro Sánchez, afirmando que ‘en caso de no tener relación familiar con el jefe de Estado, no existiría investigación alguna’. Esta declaración fue realizada durante una charla radial en ‘Onda Cero’, según reporta la agencia informativa Europa Press.
Defensa de dirigente regional y cuestionamiento a motivaciones políticas
La servidora pública también respaldó la continuidad de Miguel Ángel Gallardo en su rol partidista a pesar de estar involucrado en el mismo caso judicial que el familiar presidencial, asegurando que está actuando conforme a los lineamientos internos del partido. ‘Entiendo que este caso nunca hubiera llegado a la justicia de no ser quien es y de no haber emprendido esta causa como se ha emprendido este tipo de organizaciones, que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha como claramente queda constatado’, puntualizó.
Argumentos sobre supuesta parcialidad judicial
La ministra reiteró su postura manifestando que ‘si David no se llamara Sánchez de apellido, aquí no habría caso’, recordando además que los hechos investigados ocurrieron antes de que Pedro Sánchez asumiera el cargo presidencial. Respecto a Gallardo, destacó la legitimidad de su cambio institucional de responsabilidades, indicando que busca ‘defender los intereses de los extremeños’ y la posición política frente al Ejecutivo regional liderado por María Guardiola.
Postura institucional del partido gobernante
Rodríguez señaló que desde el partido gobernante se mantendrán a la espera de los resultados del juicio para emitir un posicionamiento formal, aunque actualmente consideran que se respetan los lineamientos establecidos en sus normas internas. Esta declaración se da en medio de controversias por el cambio de estatus legal del dirigente regional, que podría otorgarle beneficios procesales al momento de enfrentar la investigación por presuntas irregularidades en la designación de un cargo público.
