Alcance nacional del caso universitario
El asunto de Rubén de Jesús Ibarra Reyes, ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), condenado por abuso sexual agravado contra una menor de edad, ha trascendido a niveles federales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya tiene conocimiento del caso, y se espera que aborde el tema públicamente en breve, posiblemente durante su conferencia matutina habitual.
La titular del Ejecutivo federal ha mantenido una postura expectante, presumiblemente a la espera de que las autoridades universitarias actúen de manera decisiva frente a la gravedad de los hechos. El caso, que inicialmente fue atenuado en su tratamiento institucional, ahora enfrenta una nueva dimensión con la posible intervención federal.
Controversia por la falta de acción institucional
El rector interino Juan Armando Flores de la Torre, cuya designación generó controversia por su limitado proceso de selección, ha sido blanco de críticas por su inacción ante la situación. La falta de voluntad para rescindir el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Ibarra Reyes ha generado descontento, particularmente entre estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, quienes temen su retorno a actividades docentes en agosto próximo.
“En el pasado había presuntas relaciones extra académicas por la presión del ahora ex rector”, denunciaron los estudiantes, quienes han mantenido paralizadas varias unidades académicas exigiendo la ruptura del contrato laboral del sentenciado. Este movimiento estudiantil incluso ha dirigido una carta formal a la presidencia mexicana solicitando intervención directa en el caso.
Actuación cuestionable de instancias federales
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) también enfrenta cuestionamientos por su silencio ante la condena judicial de Ibarra Reyes, quien fuera investigador distinguido de este organismo. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se presume que la UAZ no ha comunicado formalmente al SNI sobre la situación legal de su ex rector, lo que podría derivar en su eventual separación del sistema.
La falta de respuesta institucional ha generado especulaciones sobre posibles vínculos entre el ex rector y miembros del Honorable Consejo Universitario, muchos de quienes serían sus aliados. Esta supuesta red de protección se ha convertido en tema central de debate público, con exigencias de transparencia y justicia.
Impacto en la comunidad académica
El semestre académico recién concluido ha sido calificado como un “auténtico caos” por la investigadora Mariana Terán, evidenciando el deterioro institucional generado por el conflicto. La huelga del Sindicato de Profesores de la UAZ (SPAUAZ), encabezada por Jenny González Arenas, y la actual movilización estudiantil han paralizado actividades educativas esenciales.
Con una matrícula de 44,000 estudiantes, la Universidad enfrenta una crisis de reputación sin precedentes. El rector interino ha sido cuestionado por su capacidad para manejar la situación, con críticas sobre su “falta de empatía” y experiencia limitada en asuntos internos universitarios.
Riesgos de continuar con situación actual
La permanencia laboral de Ibarra Reyes en la institución representa un riesgo potencial para la seguridad de la comunidad universitaria. Los estudiantes han advertido sobre posibles enfrentamientos violentos si se permite su reincorporación a actividades docentes.
El Movimiento Estudiantil ha dado un ultimátum al rector interino para que responda al pliego petitorio, cuyo contenido también ha sido remitido a la presidencia federal. Las preguntas sobre “¿Quién está protegiendo a Rubén de Jesús Ibarra Reyes?” y “¿Cuánto costará resarcirle el contrato a una persona sentenciada por abuso sexual?” se han convertido en leitmotiv de la discusión pública.
Como reflexión final, se espera que la historia juzgue con severidad a quienes “avalen” la permanencia del ex rector en la institución, mientras la sociedad aguarda una postura clara de la presidenta Sheinbaum Pardo sobre este caso que ha conmocionado a Zacatecas y al país.
