Posible medida estadounidense causa preocupación en México
La iniciativa del presidente Donald Trump de aplicar una tarifa del 3.5% sobre envíos internacionales de dinero atraviesa una etapa crucial, luego de obtener el visto bueno de la Cámara Baja estadounidense y prepararse para su análisis en el Senado. Esta propuesta no solo afectaría a los destinatarios finales en México, sino también a diversos establecimientos comerciales y financieros que operan en territorio nacional.
Esta iniciativa forma parte de un paquete fiscal más amplio que contempla la extensión de beneficios tributarios implementados durante el primer periodo presidencial de Trump y la introducción de nuevas exenciones en sectores específicos. Entre sus aspectos más controvertidos se encuentra el gravamen a remesas, que se sumaría a las comisiones que ya aplican empresas dedicadas al envío de dinero.
Actores clave en la distribución de remesas
Varios comercios y entidades financieras mexicanos estarían expuestos a las consecuencias de esta medida. Entre los más afectados se encontrarían grandes cadenas de autoservicio como Walmart, Chedraui, Soriana y La Comer. También se verían impactadas instituciones que operan servicios de transferencia, incluyendo Waldo’s, Western Union, Oxxo y Grupo Elektra con Banco Azteca.
Leonardo Zenteno, especialista en medios de pago de Waldo’s, explicó que “las personas que reciben dinero del extranjero a través de nuestro servicio de remesas se destinan principalmente a cuatro necesidades básicas: alimentación, vestimenta, educación y vivienda. Dado que la alimentación es la prioridad, nuestros más de 60 mil clientes que realizan transacciones de remesas en Waldo’s”. La red de más de 890 puntos de venta de esta empresa no aplica cargos por recepción de remesas ni por apertura de cuentas.
Impacto económico y reacciones institucionales
El cálculo actual de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense indica que este proyecto incrementaría la deuda federal en 2.4 billones de dólares durante la próxima década, elevando el endeudamiento total por encima de los 36 billones de dólares. Para equilibrar las cuentas, se contempla reducir 1 billón de dólares en financiamiento de programas sociales.
Este proyecto ha generado críticas de alto nivel, particularmente por parte de Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo mexicano, quien ha calificado esta medida como “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría negativamente a los trabajadores migrantes mexicanos. La propuesta también contempla recortes significativos en servicios médicos esenciales, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.
