Impacto y secuelas
Siete meses han transcurrido desde que un temporal extremo afectara a la región valenciana, dejando un saldo de 228 personas fallecidas, múltiples damnificados y daños considerables. Esta trágica conmemoración coincide con la séptima movilización en València donde se exige la salida del jefe del gobierno regional, Carlos Mazón, perteneciente al Partido Popular, y una huelga general convocada por cuatro sindicatos en busca de responsabilidades claras.
Demanda de participación
Las principales organizaciones representativas de las víctimas han logrado reuniones de alto nivel en las últimas semanas, incluyendo con figuras como Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, el Partido Popular Europeo y el primer ministro español. De estos encuentros surgieron acuerdos como la organización de un funeral estatal en Valencia cerca del aniversario del primer año del desastre, la inclusión de los afectados en la comisión parlamentaria de investigación y la mejora de sistemas de protección y protocolos de emergencia.
Avances judiciales
En el ámbito legal, continúa la indagación liderada por la jueza encargada del caso, quien ha emitido nuevas resoluciones donde califica la conducta de dos exfuncionarios regionales como “groseramente negligente” y destaca el “aviso tardío” a la población a pesar de contar con “información suficiente” sobre los riesgos inminentes.
Contexto político
En el escenario político, Carlos Mazón permanece en el cargo a pesar de las reiteradas peticiones de renuncia por parte de fuerzas de izquierda, logrando aprobar el presupuesto regional con el apoyo del partido Vox. Paralelamente, el caso judicial ha señalado la difusión de desinformación que generó “una ola de angustia”, atribuyendo según un documento de Seguridad Nacional a actores rusos la responsabilidad de “amplificar narrativas desinformativas” y proyectar una imagen negativa de España.