Conformación de una nueva familia
Tras terminar su matrimonio en buenos términos, una madre originaria de la Ciudad de México formó una nueva familia en unión libre, teniendo un tercer hijo junto a su nueva pareja. Cuando llegó el momento de inscribir a este menor, decidieron matricularlo en el mismo colegio religioso donde estudiaban sus dos hermanas mayores.
Traslado a Aguascalientes y regreso a la CDMX
En 2017 la familia se mudó a Aguascalientes y solicitó el traslado escolar solamente de la hija de en medio, mientras los otros dos hijos realizaron nuevamente el proceso de admisión. Aunque los exámenes eran de diagnóstico según el reglamento escolar, los menores “aprobaron” y pudieron continuar sus estudios. Sin embargo, pocos meses después tuvieron que regresar a la Ciudad de México por problemas de salud de la madre.
Rechazo injustificado según los padres
Al intentar reinscribir a los tres hijos en el colegio de la capital, enfrentaron una situación inesperada: la hermana mayor y el hermano menor “reprobaron” los exámenes de admisión. La madre consideró que la verdadera razón del rechazo era su condición de mujer divorciada en unión libre, lo que constituiría discriminación por parte de la institución religiosa.
Recursos legales y fallo judicial
Presentaron quejas ante Profeco y Conapred, pero fueron desestimadas. Posteriormente interpusieron una demanda civil por devolución de pagos y gastos legales, pero el Juez Civil los desestimó. Tras apelar sin éxito, obtuvieron un amparo que fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Decisión de la Suprema Corte
La escuela presentó recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN negó el recurso escolar y reconoció discriminación, aunque no por la condición marital de la madre. El tribunal señaló que obligar a realizar nuevamente exámenes de diagnóstico ya aplicados meses antes constituía una barrera injustificada al derecho a la educación.
Razones del fallo judicial
La Corte explicó que la discriminación no radicaba en la condición de divorciada y unión libre, sino en la aplicación arbitraria de exámenes de admisión. Señaló que hacer repetir pruebas diagnóstico que ya habían realizado previamente y usar resultados de estas para rechazar a los estudiantes violaba sus derechos educativos, afectando a los menores en múltiples aspectos de su vida.
