Incumplimiento de medidas judiciales en centro penitenciario
Los familiares de Adrián Moya Escalera, galeno recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, acusaron a la directora del establecimiento, Indira Zavala Licona, de incumplir una resolución judicial que ordenaba el cese de su confinamiento aislado.
Orden judicial ignorada por autoridades penitenciarias
El Segundo Juzgado de Distrito en Hidalgo emitió el 22 de abril de 2025 una suspensión de plano en el amparo 1010/2025-2, prohibiendo expresamente las prácticas de incomunicación y cualquier forma de trato degradante contra el médico, en concordancia con el artículo 22 constitucional.
Confinamiento prolongado más allá de sanción original
El exdirector del Instituto de Ciencias de la Salud de la UAEH ha permanecido encerrado en celda disciplinaria durante casi doce meses, cuando la medida correctiva aprobada por el consejo interno solo contemplaba quince días de retención en tales condiciones.
Origen de la sanción y contexto del caso
El ginecólogo, condenado en 2024 a 11 años y medio de prisión por presuntos delitos de violación agravada y violencia doméstica contra su cónyuge -circunstancias que su entorno familiar califica de acusaciones infundadas-, fue sancionado internamente por portar un dispositivo celular utilizado para funciones de cálculo relacionadas con la atención médica a internos.
Condiciones infrahumanas denunciadas por familiares
Según testimonios familiares, el profesional de la salud compartía espacio con otros reclusos en un ambiente sin luz natural, temperaturas extremas y servicios sanitarios deficientes. Recientemente fue trasladado a una celda de 1.50 x 2 metros con condiciones aún más precarias.
Impacto físico y psicológico en el recluso
“Estoy tratando de comer lo menos posible para no ir al baño”
, relató el médico a su progenitor, Benjamín Moya, quien describió las dificultades para mantener higiene básica por la falta de suministro de agua en las instalaciones.
Peticiones de intervención gubernamental
La familia ha presentado un documento formal ante la Secretaría de Gobierno, dirigida por Guillermo Olivares Reyna, solicitando la aplicación de la orden judicial y denunciando las condiciones deplorables que violarían sus derechos fundamentales.
