Seguridad

Primer juicio histórico en Argentina por explotación sexual digital mediante webcams

Un caso pionero en la lucha contra la trata digital

Por primera vez en Argentina, un tribunal emitió una sentencia condenatoria contra un individuo acusado de explotación sexual virtual. Fredy Junior Arturo Zea Ricardo recibió una pena de 25 años de prisión por someter a tres mujeres jóvenes mediante webcams, sin necesidad de desplazarlas físicamente.

La modalidad de explotación digital

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de Buenos Aires reveló los fundamentos de la condena. El acusado utilizó herramientas tecnológicas como redes sociales, plataformas de videochat y software de vigilancia para controlar a sus víctimas entre 2017 y 2020. Durante la pandemia, intensificó su accionar, sometiendo a una de ellas a sesiones de sexo virtual bajo constante supervisión a través de auriculares.

Víctimas y contexto de vulnerabilidad

Las tres jóvenes, provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, fueron reclutadas mediante ofertas laborales falsas. Zea Ricardo buscaba específicamente a mujeres con aspiraciones en el modelaje, poca experiencia laboral y necesidades económicas. Una de ellas, María Cecilia, falleció antes de ver justicia, quitándose la vida tras meses de sometimiento digital.

El impacto devastador en las víctimas

Los registros personales de María Cecilia, presentados como prueba, describieron cómo cada sesión la dejaba física y emocionalmente destrozada. El tribunal destacó que el control ejercido tenía un propósito deliberado: destruir la voluntad de las víctimas mediante abusos reiterados y castigos físicos si no alcanzaban las metas económicas impuestas.

Desafíos legales ante nuevas tecnologías

El fallo de 357 páginas señaló la falta de marcos regulatorios adecuados para combatir la explotación sexual en entornos virtuales. Los magistrados Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Luciano Gorini explicaron que las plataformas tecnológicas actuales permiten a los tratantes operar con anonimato, sin límites geográficos, y utilizando mecanismos coercitivos como el chantaje y la vigilancia remota.

Recomendaciones del tribunal

Ante este precedente, los jueces urgen la creación de legislación específica, mayor seguridad en plataformas digitales y programas educativos sobre riesgos en línea. Señalaron que la virtualidad no libera a las víctimas, sino que las atrapa en una nueva forma de esclavitud donde sus imágenes pueden ser replicadas y almacenadas indefinidamente, aumentando su exposición y riesgo.

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