La magistrada federal Madhay Soto Morales detalló que el beneficio legal concedido en el conflicto por el uso del agua en el rancho El Saucito no favoreció al exmandatario César Duarte, sino a comuneros de El Trigueño, quienes solicitaron continuar con el aprovechamiento del recurso hídrico.
Clarificación judicial
La funcionaria judicial respondió a cuestionamientos sobre supuestas preferencias hacia el exgobernador al emitir la protección constitucional, asegurando que el caso involucró a personas del ejido El Trigueño, pertenecientes al grupo rarámuri, cuyo interés principal era mantener el acceso al agua para múltiples usos.
Detalles del recurso legal
El amparo concedido tenía como finalidad impedir que las autoridades restringieran el uso del líquido a los habitantes, permitiendo que siguieran utilizándolo para actividades agrícolas, ganaderas y de combate a incendios. La jueza enfatizó que la medida provisional no limita las facultades de la Conagua, siempre que se respete el derecho al agua de los promotores.
“La medida tomada, no impide a las autoridades del agua ejerzan sus facultades legales sobre los mantos acuíferos, siempre que garanticen el acceso al agua de los promoventes, ya sea en la forma en que se venía realizando o en una diversa. El juicio de amparo tiene como objeto proteger los derechos humanos de los ciudadanos contra actos arbitrarios de todo tipo de autoridades”
Defensa del sistema judicial
Madhay Soto destacó la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial Federal, indicando que sus decisiones se fundamentan en la Constitución y leyes vigentes, más allá de las preferencias populares. Destacó que la labor judicial busca proteger derechos individuales o colectivos, independientemente de que sean de agrado general o no.
