Rezagados clave
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado ha señalado un retraso alarmante en la resolución de asuntos trascendentales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alcanza hasta mil 500 días. Esta situación se presenta en momentos críticos, a dos días de la renovación completa del Poder Judicial.
Casos pendientes
Entre los expedientes que enfrentan retrasos significativos se encuentran varios de relevancia nacional, como la acción de inconstitucionalidad relacionada con la eliminación de 109 fideicomisos, el análisis sobre la militarización de los puertos, y el cumplimiento de una sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última condena al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa, considerada una violación a los derechos humanos.
Además, permanecen sin resolver los asuntos legales en torno a Jesús Murillo Karam, ex jefe de la extinta Procuraduría General de la República, implicado en la elaboración de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, y los procedimientos contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, involucrado en casos de corrupción como los escándalos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Propuestas y preocupaciones
El partido Movimiento Ciudadano ha recordado que el tiempo promedio para resolver acciones de inconstitucionalidad era de 357 días, mientras que en las controversias constitucionales ascendía a 389 días. Sin embargo, varios de los casos actuales superan ampliamente estos plazos.
Ante este escenario, desde abril de 2024 se planteó la necesidad de establecer plazos definidos para la admisión, tramitación y resolución de asuntos en el máximo tribunal del país. La intención es combatir el retraso judicial que no solo es un problema operativo, sino que afecta el acceso a la justicia y la confianza pública en las instituciones.
La renovación del Poder Judicial plantea nuevos desafíos, ya que se ha señalado que algunos de los nuevos magistrados y jueces carecen de la experiencia necesaria, lo que podría agudizar la crisis de justicia actual.
Reformas incompletas
Mientras persistan los retrasos y la Corte continúe acumulando casos pendientes, cualquier reforma judicial se percibirá como incompleta, generando escepticismo en la población, que demanda resultados concretos y no solo declaraciones o promesas.
