El gobierno de Donald Trump decidió reintegrar a Estados Unidos a un ciudadano guatemalteco que fue deportado ilegalmente a México en febrero, pese a existir una orden judicial prohibiendo su expulsión. Esta acción representa una excepción en la política del Ejecutivo, que usualmente se niega a cumplir sentencias similares.
Errores administrativos y críticas judiciales
Funcionarios de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) enviaron al extranjero al afectado, quien está involucrado en un litigio colectivo contra los traslados a terceros países sin audiencia previa, aunque un juez le había otorgado protección legal para impedir su remoción. La institución justificó el hecho con un “error informático” que omitió registrar los motivos por los que no debía ser deportado.
El tribunal indicó que ningún funcionario verificó la situación del migrante y no logró ubicar al oficial que, según ICE, lo entrevistó. El juez Brian Murphy condenó la acción, la calificó de “carecer de cualquier proceso legal” y exigió su inmediato retorno. Actualmente, el afectado se encuentra oculto en Guatemala, luego de sufrir secuestro y agresión sexual en México, además de amenazas en su tierra natal relacionadas con su identidad de género.
Contraste con otros casos de deportación
El caso de este guatemalteco destaca como el primero en que la administración estadounidense acepta revertir la situación. En contraste, otros afectados continúan sin solución. Kilmar Abrego García, originario de El Salvador y residente en Maryland durante 14 años, sigue en el CECOT de su país pese a tener protección judicial. El gobierno admitió que su expulsión fue un “error administrativo”.
La misma situación ocurre con Cristian, un venezolano deportado mientras tramitaba su asilo, y con Daniel Lozano-Camargo, también venezolano, cuyo desplazamiento violó un convenio legal que impedía su salida sin resolver su situación migratoria. La Casa Blanca ha justificado estos hechos con razones de seguridad nacional o fallos operativos, pero los jueces federales cuestionan la falta de claridad, la mala intención procesal y el incumplimiento de resoluciones legales.
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