Reforma propuesta y su impacto en derechos fundamentales
El debate sobre reformas a la Ley Federal de Competencia Económica está por comenzar en el Congreso. Una de las propuestas más controversias incluye el aumento significativo de las sanciones para quienes no colaboren con las investigaciones del organismo regulador. La iniciativa contempla multas de hasta 30,000 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 3.4 millones de pesos, para quienes ignoren las citaciones oficiales o se nieguen a responder preguntas durante las entrevistas.
La medida afecta directamente a cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos investigados, ya sea como testigo o posible implicado. La autoridad tendría potestad para exigir respuestas sin admitir evasivas, bajo la amenaza de sanciones económicas extremadamente elevadas. Esto plantea un dilema ético-jurídico sobre el derecho a guardar silencio cuando las respuestas puedan generar responsabilidades legales.
Conflictos entre obligación de colaborar y autodefensa
El autor destaca que la reforma propuesta carece de mecanismos que permitan negarse a contestar preguntas “con causa justificada”. Esta omisión elimina la posibilidad de protegerse de autoincriminaciones, colocando a los ciudadanos en una encrucijada entre colaborar con la autoridad o enfrentar multas desproporcionadas. “La iniciativa incrementa sustancialmente los costos potenciales de poner la discusión en la mesa“, asegura el especialista.
El análisis se centra en la tensión entre el deber ciudadano de colaborar con investigaciones de interés público y el derecho fundamental a no contribuir a la propia condena. Esta contradicción pone en evidencia la necesidad de establecer límites claros en las facultades investigativas de las autoridades económicas, especialmente cuando las investigaciones podrían derivar en responsabilidades penales.
Argumentos para defender el derecho al silencio
El artículo plantea tres razones fundamentales para mantener el derecho al silencio: “(i) porque es contrario al principio de dignidad exigir al gobernado que colabore con la administración a construir su propia acusación; (ii) porque colocar al gobernado en la situación de defenderse frente a una acusación construida a partir de declaraciones que él mismo formuló bajo amenaza de coacción, afecta irremediablemente sus posibilidades de defensa, y (iii) porque, en casos de prácticas monopólicas absolutas, las declaraciones incriminatorias formuladas ante la autoridad de competencia pueden generar consecuencias de carácter penal”.
La discusión trasciende el ámbito técnico legal para convertirse en un debate sobre los valores que definen al Estado Constitucional de Derecho en México. Se plantea una reflexión profunda sobre los límites del poder estatal y la protección de derechos fundamentales en el contexto de investigaciones económicas. Como señala el autor: “nos enfrentamos, más que a una cuestión procesal vinculada a las medidas de apremio, a una que nos invita a preguntarnos sobre lo que sabemos es correcto y, por tanto, a tomar posición sobre el tipo de sociedad que somos”.
