Alerta legislativa sobre riesgos tecnológicos
La diputada Ana González González ha presentado un llamado urgente dirigido a la Secretaría de Gobernación para que intensifique las medidas de protección digital en el país. Esta solicitud surge ante el incremento de estafas virtuales relacionadas con el uso de inteligencia artificial, especialmente los conocidos como “deepfakes”.
Posición crítica en ranking global de delitos digitales
Según datos proporcionados por la legisladora, México actualmente se encuentra en el octavo lugar a nivel mundial en casos de robo de identidad. El rápido avance tecnológico ha permitido que delincuentes utilicen herramientas digitales cada vez más sofisticadas para cometer fraudes, con un aumento del 218 por ciento en este tipo de delitos desde 2013.
Impacto de la inteligencia artificial en el comercio y sus riesgos
Un estudio del QS World Future Skills Index revela que el uso de inteligencia artificial en empresas mexicanas ha crecido un 965 por ciento entre 2018 y 2024. Sin embargo, este avance tecnológico trae consigo nuevos peligros, como la suplantación de identidad mediante contenidos falsos generados con IA.
Peligros de la tecnología de deepfakes
“Los deepfakes son herramientas tecnológicas capaces de imitar de forma muy precisa la apariencia y la voz de una persona, lo que los convierte en instrumentos perfectos para el engaño y la usurpación de identidad”, señaló González. La legisladora advirtió que cada caso de fraude de este tipo puede ocasionar pérdidas económicas entre mil y 50 mil pesos.
Vulnerabilidad de los jóvenes
Uno de los aspectos más preocupantes destacados por la congresista es la alta vulnerabilidad de los jóvenes menores de 21 años, de los cuales el 42.4 por ciento desconoce los peligros asociados a esta tecnología. Esta realidad refleja la necesidad urgente de implementar programas educativos y campañas de concientización.
Acciones gubernamentales necesarias
La legisladora insistió en la importancia de que el gobierno federal actúe rápidamente: “Es urgente que el Estado mexicano ponga en marcha políticas eficaces y campañas informativas que permitan enfrentar esta problemática, proteger a la población y garantizar la seguridad de los datos personales”.
