Denuncia formal por coerción ministerial
Héctor Olimpo Espinosa, aspirante a candidatura del Partido Liberal, interpuso una acción legal contra el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, por supuestas coacciones a sus colaboradores directos. La acusación se basa en el numeral 182 del cuerpo legal penal nacional, que sanciona la imposición de obligaciones en contra de la voluntad individual.
El planteamiento indica que el mandatario habría condicionado la permanencia en sus puestos a la firma inmediata de un documento ejecutivo relacionado con un mecanismo de participación ciudadana. La reunión ministerial del 7 de junio en la residencia presidencial sirvió como escenario para este requerimiento.
Polémica por ultimátum presidencial
En declaraciones públicas, el presidente manifestó:
“Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”
. Esta postura generó controversia sobre el equilibrio institucional y el marco normativo democrático.
La presentación formal dirigida al encargado de la Comisión de Acusaciones, Leonardo Gallego Arroyave, sostiene:
“Ponemos denuncia contra el presidente Gustavo Petro por constreñimiento ilegal a sus ministros, al presionarlos para que toleren o ejecuten actos indebidos, bajo la amenaza de un daño futuro: la pérdida de su cargo”
.
Reacciones políticas y alertas internacionales
El titular del Senado, Efraín Cepeda, activó un mecanismo preventivo ante el organismo de derechos humanos de la ONU, alegando una “grave alteración del orden constitucional” y afectación al principio de división de funciones estatales.
La congresista Paloma Valencia expresó:
“El poder del pueblo es el Estado de derecho, su democracia. Lo suyo es el sueño de los tiranos que se creen que representan a ‘todo el pueblo’ y están por encima de todas las instituciones”
. Otros parlamentarios compararon el estilo de conducción con prácticas autoritarias históricas.
Procedimientos legales en marcha
La normativa consultiva que motivó la controversia se promulgó con base en la inacción legislativa sobre el tema. La comisión investigadora de alto personal gubernamental evaluará si existen elementos para formalizar responsabilidades.
