Contexto previo al ataque
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025. El incidente, que dejó dos heridos más, desencadenó críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de la seguridad de personas en riesgo.
Tras el ataque, el partido del congresista exigió medidas inmediatas de protección para sus miembros. Se reveló que Uribe Turbay, clasificado en el nivel más alto de riesgo, había solicitado desde 2023 refuerzos en su esquema de seguridad, incluyendo vehículos y equipos para viajes a dos departamentos. Sin embargo, la UNP negó estas solicitudes, argumentando que el convenio vigente solo cubría honorarios del personal, no gastos operativos.
Críticas previas del senador
“¿A qué juega el gobierno del descontrol total? Otra vez patrocinando bandidos (…) No existe voluntad de diálogo ni de paz”
Uribe Turbay fue un crítico constante de la UNP durante el gobierno de Gustavo Petro. En 2023, denunció presuntas irregularidades, incluyendo la utilización de recursos estatales por grupos armados ilegales. Señaló que un líder de disidencias de las Farc fue encontrado en una camioneta de la entidad con dinero en efectivo.
El senador también cuestionó las declaraciones del director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien aseguró que Uribe recibió beneficios como gasolina y viáticos. El político negó rotundamente estas acusaciones, acusando al director de mentir para proteger intereses políticos.
Polémica por esquema de seguridad
Tras el atentado, se generó un debate sobre la eficacia del esquema de protección asignado al senador. Se cuestionó si el estudio de riesgo fue actualizado considerando las amenazas públicas denunciadas por Uribe Turbay. Además, se criticó la capacidad de reacción de los escoltas, ya que el presunto autor, un menor de 14 años, logró disparar al político a corta distancia en el occidente de Bogotá.
El partido Centro Democrático insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de sus militantes, destacando la urgencia de revisar los mecanismos de protección ofrecidos por la UNP.
