Política

ONGs y partidos impugnarán elecciones judiciales por falta de transparencia y considerarlas antidemocráticas

Recurso judicial contra proceso electoral judicial

Organizaciones civiles, partidos políticos y candidatos no conformes con los resultados de los comicios judiciales del 1 de junio presentarán recursos legales para anular el proceso. Señalan que la elección viola principios democráticos fundamentales y carece de mecanismos de transparencia.

Entre los grupos que preparan impugnaciones figura la organización civil Defensorxs y el movimiento Somos Mx. Estos actores denuncian que se violaron reglas básicas para garantizar un proceso justo y transparente.

Implementación de la Reforma Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de entrega de constancias a los ganadores de las elecciones judiciales. Esta actividad comenzó con los nuevos ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina. La Reforma Judicial entra ahora en su etapa final de aplicación.

Según información disponible, al menos seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen vínculos o afinidad con el partido Morena. Estos perfiles aparecieron en listas difundidas antes de los comicios.

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Renovación del Poder Judicial

Se estima que más del 80% de los 881 cargos judiciales en disputa serán ocupados por nuevos titulares. Esta renovación implicará el retiro de numerosos servidores públicos con trayectoria en el ámbito judicial.

El partido Morena logró posicionamiento significativo en las elecciones, ocupando al menos el 60% de los cargos federales más importantes. Entre estos se encuentran: nueve ministros, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y cinco Salas Regionales del TEPJF.

Polémicas en el proceso electoral

Las organizaciones impugnadoras destacan dos aspectos fundamentales del proceso electoral: la prohibición de intervención partidista -que consideran fue violada- y la difusión de listas denominadas “acordeones” que indujeron el voto de los ciudadanos.

“Y creemos que ese es el punto focal de la impugnación, porque las reglas que aprobaron establecieron que no podían meterse los partidos ni los servidores públicos. Y el resultado de la elección muestra que el factor determinante de todas las candidaturas que se ganaron (fue) la intervención sistemática del Estado y del partido oficial”.

Miguel Alfonso Meza, representante de Defensorxs, señaló que el diseño del proceso electoral dejó en situación de indefensión a los candidatos independientes y generó condiciones inequitativas.

Dificultades para impugnar resultados

La Reforma Judicial limitó significativamente las posibilidades de impugnación, permitiendo únicamente a los aspirantes y candidatos a juzgadores presentar recursos contra decisiones del INE. Se negó incluso el recuento de votos en casos con mínima diferencia entre contendientes.

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El INE rechazó un recuento solicitado por un candidato en Morelos donde la diferencia con el ganador fue de 0.0032%. En elecciones ordinarias este margen hubiera permitido el recuento “voto por voto”.

Irregularidades documentadas

Rodrigo Morales Manzanares, coordinador de brigadas de Somos Mx, señaló que la impugnación considerará irregularidades desde la legislación misma hasta su aplicación. Entre los puntos destacados están la integración de comités de evaluación con perfiles afines a Morena y la falta de criterios homogéneos para seleccionar candidatos.

“Principios de integridad es: garantía de voto informado, igualdad en el voto, que el voto valga lo mismo para todos, equidad en la contienda, en fin, son muchas cosas que desafortunadamente no vimos a lo largo del proceso este electoral reciente”.

El coordinador de brigadas de Somos Mx también señaló que la distribución de cargos electorales generó desigualdad en el valor del voto entre distintas regiones del país. En algunas zonas los votantes eligieron más cargos especializados que en otras.

Proceso de fiscalización en marcha

Mientras se resuelven las impugnaciones, el INE continúa con tareas pendientes. Su Unidad Técnica de Fiscalización revisará los informes de ingresos y gastos de los 7,767 candidatos a cargos judiciales.

El Instituto deberá verificar que no se excedieron los topes de gasto establecidos y resolver quejas sobre presunto origen ilícito de recursos. La revisión debe concluir el 28 de julio.

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Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe resolver 102 procedimientos especiales por presuntas irregularidades durante las campañas. Deberá concluir 28 procedimientos relacionados con violencia política contra mujeres antes del cierre definitivo de la elección.

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Política

Ejecutivo programará sesiones extraordinarias para retomar discusión de reforma pensional

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló el martes 17 de junio que el Gobierno planea solicitar sesiones extraordinarias en el Congreso con el objetivo de que la Cámara de Representantes corrija los errores procesales detectados por la Corte Constitucional en el desarrollo de la reforma pensional.

Decisión judicial devuelve iniciativa al Legislativo

La Corte Constitucional, a través del Auto 841 de 2025 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, devolvió la Ley 2381 de 2024 al Legislativo. La norma, conocida como Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, deberá ser sometida nuevamente a discusión y votación en la Cámara de Representantes.

Según el fallo, se requiere que se retome la proposición sustitutiva presentada por los congresistas María del Mar Pizarro y Cristóbal Caicedo durante la sesión del 14 de junio de 2024. Esta buscaba adoptar el texto aprobado por el Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.

Plazo y procedimiento definidos

El alto tribunal estableció un límite de 30 días hábiles, contados desde la notificación oficial, para que se realice este trámite legislativo. El plazo solo opera durante sesiones ordinarias, aunque se contempla la posibilidad de sesiones extraordinarias.

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El auto de la Corte Constitucional también ordena que el presidente de la Cámara rinda un informe sobre el cumplimiento de esta decisión y envíe copia de las actas correspondientes.

“RENDIR informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y REMITA copia de las respectivas actas de Plenaria, para que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024”, señala el auto de la Corte.

Efectos legales y próximos pasos

La entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 permanece suspendida hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional emita su veredicto final sobre su constitucionalidad. Por lo tanto, la reforma pensional no entrará en aplicación el 1 de julio. Solo continuarán vigentes los artículos 12 (con su parágrafo transitorio) y el artículo 76 de la mencionada ley.

Benedetti, desde el Capitolio Nacional donde se analiza paralelamente la reforma laboral, expresó:

“Es importante que no se haya, discúlpeme el término, hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional, que la hayan enviado de nuevo a la Cámara para que se discuta más, o sea, haya más debates”.

El funcionario agregó:

“Por lo tanto, el presidente de la República, a través del ministerio, se convocará a extras a la Cámara para que se discuta y se dé el respectivo debate para que sea ley de la República, porque debe empezar a partir del primero de julio. Ya mismo el ministerio está trabajando en eso”.

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Política

Cuatro nuevos casos de miasis humana por el gusano “devorador de hombres” en Chiapas

Datos epidemiológicos actualizados

La Secretaría de Salud de México (SSA) confirmó 17 casos humanos de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como “gusano devorador de hombres”, distribuidos en dos estados. De este total, cuatro son mujeres y trece hombres, con siete pacientes hospitalizados.

Características del brote

Los nuevos contagios se localizaron exclusivamente en Chiapas, incrementando a quince el número de enfermos en esta entidad. Campeche mantiene sus dos casos iniciales registrados desde la semana 21 del año. La SSA reportó un aumento de tres hospitalizados respecto al informe previo.

Manifestaciones clínicas y condiciones de los pacientes

Entre los afectados se encuentran:

  • Un hombre de 36 años con larvas en genitales hospitalizado en Villa Comaltitlán
  • Un varón de 45 años con infestación en el brazo derecho y artritis reumatoide, dado de alta por traslado en Escuintla
  • Un paciente de 58 años con larvas en pierna izquierda sin comorbilidades, internado en Mazatán
  • Un hombre de 39 años con cáncer de lengua y miasis en la cabeza, ahora en Oaxaca

Casos hospitalarios detallados

Entre los siete internados figuran:

  • Una mujer de 86 años con cáncer de piel y miasis en cabeza en Campeche
  • Un joven de 25 años con déficit neurológico y larvas en boca en Chiapas
  • Un hombre de 32 años con posible VIH y miasis en pierna en Ocosingo
  • Un varón de 74 años con cáncer de piel y miasis en cabeza en Mapastepec

Situación epidemiológica ampliada

Además de los casos por Cochliomyia hominivorax, la SSA registró 37 enfermos de miasis no especificada en 14 estados. Chiapas lidera con nueve casos, seguido por Ciudad de México con seis. Yucatán permanece libre de miasis humana, aunque presenta presencia animal del parásito.

“Hominivorax es una palabra latina que significa ‘devorador de hombres’. A la mosca se le dio este nombre debido a que un hombre fue el primer enfermo descrito en 1858.”

“La miasis es la enfermedad en la que larvas de una mosca infestan una herida en la piel o una cavidad de un animal, incluyendo al humano.”

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Política

Gobernación solicita revisión de legislación poblana sobre ciberseguridad por posibles restricciones a libertad de expresión

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, manifestó públicamente su rechazo a cualquier intento de limitar la libertad de expresión en el país. Durante una rueda de prensa matutina en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en actividades oficiales en Canadá, la funcionaria federal hizo un llamado al Congreso de Puebla para que analice el artículo 480 de su nueva Ley de Ciberseguridad, señalado por su posible ambigüedad y riesgo de censura.

Exhorto a revisión legislativa

“El gobierno federal respalda firmemente las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, por eso no podemos estar a favor de ninguna medida que pueda interpretarse como censura”, expresó textualmente Rodríguez. La titular de Gobernación valoró positivamente la acción del gobernador Alejandro Armenta al convocar foros públicos para debatir el polémico artículo, destacando que la norma ya está vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Contenido del artículo cuestionado

El artículo 480 establece que se considera delito de ciberasedio “quien, a través de tecnologías de información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”. La medida contempla sanciones de hasta tres años de prisión y multas económicas, generando preocupación entre especialistas por la posible aplicación subjetiva de términos como “insulto” o “ofensa”.

Llamado a participación ciudadana

“Es fundamental que la sociedad poblana y mexicana en general participe activamente en este debate, que se abra el espacio para que periodistas, padres de familia y ciudadanos en general aporten sus puntos de vista sobre este tipo de legislaciones”, afirmó la secretaria. La funcionaria reiteró el compromiso gubernamental con “libertad, libertad y derechos”, enfatizando: “No a la censura”.

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