Política
ONGs y partidos impugnarán elecciones judiciales por falta de transparencia y considerarlas antidemocráticas
Recurso judicial contra proceso electoral judicial
Organizaciones civiles, partidos políticos y candidatos no conformes con los resultados de los comicios judiciales del 1 de junio presentarán recursos legales para anular el proceso. Señalan que la elección viola principios democráticos fundamentales y carece de mecanismos de transparencia.
Entre los grupos que preparan impugnaciones figura la organización civil Defensorxs y el movimiento Somos Mx. Estos actores denuncian que se violaron reglas básicas para garantizar un proceso justo y transparente.
Implementación de la Reforma Judicial
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de entrega de constancias a los ganadores de las elecciones judiciales. Esta actividad comenzó con los nuevos ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina. La Reforma Judicial entra ahora en su etapa final de aplicación.
Según información disponible, al menos seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen vínculos o afinidad con el partido Morena. Estos perfiles aparecieron en listas difundidas antes de los comicios.
Renovación del Poder Judicial
Se estima que más del 80% de los 881 cargos judiciales en disputa serán ocupados por nuevos titulares. Esta renovación implicará el retiro de numerosos servidores públicos con trayectoria en el ámbito judicial.
El partido Morena logró posicionamiento significativo en las elecciones, ocupando al menos el 60% de los cargos federales más importantes. Entre estos se encuentran: nueve ministros, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y cinco Salas Regionales del TEPJF.
Polémicas en el proceso electoral
Las organizaciones impugnadoras destacan dos aspectos fundamentales del proceso electoral: la prohibición de intervención partidista -que consideran fue violada- y la difusión de listas denominadas “acordeones” que indujeron el voto de los ciudadanos.
“Y creemos que ese es el punto focal de la impugnación, porque las reglas que aprobaron establecieron que no podían meterse los partidos ni los servidores públicos. Y el resultado de la elección muestra que el factor determinante de todas las candidaturas que se ganaron (fue) la intervención sistemática del Estado y del partido oficial”.
Miguel Alfonso Meza, representante de Defensorxs, señaló que el diseño del proceso electoral dejó en situación de indefensión a los candidatos independientes y generó condiciones inequitativas.
Dificultades para impugnar resultados
La Reforma Judicial limitó significativamente las posibilidades de impugnación, permitiendo únicamente a los aspirantes y candidatos a juzgadores presentar recursos contra decisiones del INE. Se negó incluso el recuento de votos en casos con mínima diferencia entre contendientes.
El INE rechazó un recuento solicitado por un candidato en Morelos donde la diferencia con el ganador fue de 0.0032%. En elecciones ordinarias este margen hubiera permitido el recuento “voto por voto”.
Irregularidades documentadas
Rodrigo Morales Manzanares, coordinador de brigadas de Somos Mx, señaló que la impugnación considerará irregularidades desde la legislación misma hasta su aplicación. Entre los puntos destacados están la integración de comités de evaluación con perfiles afines a Morena y la falta de criterios homogéneos para seleccionar candidatos.
“Principios de integridad es: garantía de voto informado, igualdad en el voto, que el voto valga lo mismo para todos, equidad en la contienda, en fin, son muchas cosas que desafortunadamente no vimos a lo largo del proceso este electoral reciente”.
El coordinador de brigadas de Somos Mx también señaló que la distribución de cargos electorales generó desigualdad en el valor del voto entre distintas regiones del país. En algunas zonas los votantes eligieron más cargos especializados que en otras.
Proceso de fiscalización en marcha
Mientras se resuelven las impugnaciones, el INE continúa con tareas pendientes. Su Unidad Técnica de Fiscalización revisará los informes de ingresos y gastos de los 7,767 candidatos a cargos judiciales.
El Instituto deberá verificar que no se excedieron los topes de gasto establecidos y resolver quejas sobre presunto origen ilícito de recursos. La revisión debe concluir el 28 de julio.
Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe resolver 102 procedimientos especiales por presuntas irregularidades durante las campañas. Deberá concluir 28 procedimientos relacionados con violencia política contra mujeres antes del cierre definitivo de la elección.