La Fiscalía de Costa Rica ha formulado cargos contra el mandatario Rodrigo Chaves y seis altos funcionarios por su posible involucramiento en actividades vinculadas al financiamiento ilegal de la campaña electoral que culminó con su victoria en 2022.
Acusación formal y solicitud de levantamiento de inmunidad
En un comunicado oficial, la institución fiscal informó sobre la presentación de una solicitud ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se autorice el levantamiento de la inmunidad presidencial y se inicie un proceso judicial. Esta acción se fundamenta en la supuesta participación del jefe de Estado en irregularidades de financiamiento político durante su campaña.
Funcionarios señalados y mecanismos utilizados
Además del presidente, también enfrentan acusaciones el vicepresidente Stephan Brunner, el ministro de Relaciones Exteriores Arnoldo André, y cuatro legisladores afines al gobierno: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. Se les atribuye haber empleado un fideicomiso privado y cuentas bancarias no oficiales para gestionar recursos destinados a la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en las elecciones de 2022.
Incumplimiento de normas electorales
El comunicado oficial destaca que “ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
Procedimiento judicial pendiente
Para que pueda avanzar cualquier acción legal, es necesario que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprueben el levantamiento de la inmunidad de los siete involucrados. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna declaración oficial por parte del Ejecutivo sobre este asunto.