La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha adoptado una medida que excluye el uso de WhatsApp en los teléfonos oficiales del Congreso. Esta acción se fundamenta en la percepción de riesgos elevados en materia de ciberseguridad, según el Centro de Seguridad Cibernética del Congreso (Cybersecurity Center).
Clasificación de riesgo para WhatsApp
La aplicación de mensajería instantánea, perteneciente a Meta, ha sido catalogada como de “alto riesgo” debido a múltiples factores, incluyendo:
- No cumple con los estándares federales de ciberseguridad.
- Depende de servidores externos, lo que podría facilitar espionaje o fugas de información.
- La compañía enfrenta cuestionamientos frecuentes sobre el manejo de datos privados.
A pesar de contar con un sistema de cifrado de extremo a extremo, esta característica no alcanza para cumplir con los requisitos de protección necesarios para dispositivos que manejan datos gubernamentales sensibles.
Alternativas autorizadas
El personal del Congreso podrá emplear otras aplicaciones que sí cumplen con los criterios de seguridad del gobierno estadounidense, tales como iMessage, Signal y Wickr. Aunque no está prohibido, Telegram tampoco se recomienda para mensajes que contengan información crítica.
Impacto en México
En México, actualmente no existe una política que prohíba el uso de WhatsApp en dispositivos oficiales. Por el contrario, es común que autoridades utilicen esta plataforma para comunicaciones diversas, incluyendo la gestión de eventos y el envío de documentos confidenciales.
“WhatsApp no está diseñada para manejar información sensible, y su uso inadecuado puede provocar filtraciones, espionaje o incluso extorsiones”, advierten expertos. En naciones con altos niveles de amenazas digitales, la protección de datos no es opcional, sino un imperativo.
Reflexión sobre seguridad digital
La medida implementada en Estados Unidos plantea una reflexión importante: ¿Estamos depositando excesiva confianza en WhatsApp para comunicaciones que requieren mayor protección? Este caso podría servir como ejemplo para que México y otros países impulsen políticas más estrictas en ciberseguridad y soberanía digital.