Política
Revisión gubernamental de unidades especiales policiacas tras incidente en Chiapas
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso de la fuerza policiaca chiapaneca Pakal después de que su incursión ilegal en Guatemala generara una situación diplomática que requirió una disculpa oficial por parte de México. La mandataria federal enfatizó la necesidad de supervisar cuidadosamente estas unidades especializadas para evitar excesos.
Polémica por operaciones irregulares
Interrogada sobre la posibilidad de expandir este modelo a otros estados, Sheinbaum reconoció que estas unidades cuentan con personal mejor capacitado, pero insistió en la importancia de establecer límites claros a sus funciones. “Estos cuerpos, digamos, tienen algo bueno, porque son policías más preparados, con ciertas características que pueden atender asuntos, incluso de delincuencia organizada que ya fueron abiertos. Hay que tener cuidado también con este tipo de cuerpos en las policías, porque no pueden sobrepasar las atribuciones que tienen” remarcó.
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, creada en diciembre durante la toma de posesión de Eduardo Ramírez Aguilar, ha sido reconocida por su labor en la desarticulación de células delictivas, incluyendo cuerpos policíacos municipales. Integrada por ex policías federales y ex militares, esta unidad opera desde la disolución de las policías federales por el gobierno de López Obrador para formar la Guardia Nacional.
Resultados y controversias
Aunque el gobierno chiapaneco reporta una reducción en la actividad delictiva desde la implementación de Pakal, existen denuncias ciudadanas sobre operativos realizados sin orden judicial en viviendas, ranchos y edificios.
Otra unidad especial, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, creada hace tres meses por Javier May Rodríguez en Tabasco, también enfrenta cuestionamientos. Elementos de esta corporación, integrada por personal activo de policías estatales y federales, han sido señalados por una supuesta intervención en un operativo contra una empresa vinculada a Amílcar Olán, excontratista millonario del gobierno anterior y amigo del expresidente.
Las investigaciones de este caso, que involucrarían procesos judiciales y ministeriales, han generado especulaciones sobre posibles favores políticos en distintos niveles de gobierno. La autoridad aún no ha emitido una posición oficial sobre estos señalamientos.