Presión legal contra el secreto profesional periodístico
Una comunicadora denunció que está siendo sometida a un proceso legal por parte de la autoridad electoral, donde se le exige revelar la identidad de sus fuentes informativas relacionadas con la difusión de propaganda electoral no autorizada. “Como periodista, ya no me sorprende cada notificación que recibo de la autoridad electoral. Pero que me pidan revelar mis fuentes dentro de un cuestionario es innegociable, inconstitucional e ilegal”, expresó en su testimonio.
Cargos económicos y psicológicos sobre periodistas
La situación ha implicado para la reportera gastos económicos personales por concepto de asesoría legal, copias certificadas, traslados y otros trámites. “Esta situación me ha implicado un desgaste: tuve que buscar asesoría legal, pagar de mi bolsillo por copias, traslados en Uber y cubrir otros gastos, porque si no respondo como lo que solicitan, pueden multarme con más de 50 mil pesos. Suma que, por supuesto, no tengo”, detalló.
Contradicciones en la investigación electoral
La periodista señaló inconsistencias en el proceso legal que enfrenta, relacionado con la distribución de materiales electorales denominados “acordeones”. “Me están preguntando por un acordeón que se distribuyó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y al mismo tiempo me piden información sobre funcionarios o sindicatos de Oaxaca y Morelia relacionados con esa propaganda electoral, de los que ni siquiera tengo conocimiento”, explicó.
Marco legal que protege el secreto profesional
La comunicadora recordó que existen disposiciones constitucionales y legales que amparan el secreto profesional periodístico. “La Suprema Corte ya estableció que el secreto profesional está protegido por la Constitución (artículos 6° y 7°), precisamente para que el ejercicio periodístico —y con él, los derechos fundamentales y las libertades públicas— no se vean forzados a revelar sus fuentes”, afirmó.
Desincentivo al periodismo investigativo
La profesional del periodismo cuestionó los riesgos que enfrenta quien intenta revelar actos de corrupción o irregularidades electorales. “¿Qué incentivo tiene un periodista de a pie para exponer un acto de corrupción o documentar un delito electoral si lo que le espera es un requerimiento oficial, una multa o incluso una amenaza? Y todo esto mientras muchos reporteros vivimos al día. ¿Vale la pena exponer nuestra seguridad si un funcionario o legislador se molesta, sin que eso tenga consecuencias?”, reflexionó.
El dilema entre denunciar o guardar silencio
La periodista describió el clima de autocensura que se genera ante la presión institucional. “¿Para qué meterse en problemas legales? ¿Para qué exponerse? ¿Para qué gastar lo poco que tengo presupuestado en comida y transporte solo para responder una diligencia? ¿Para qué perder tiempo y salud mental en esto? Que lo haga otro. O, por qué no, abrir una cuenta anónima para publicar sin que me estén vigilando”, concluyó.